Pluma Invitada – La relevancia de los Tribunales Laborales en la consolidación de la Reforma Laboral
Margarita Darlene Rojas Olvera
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México y Maestrante en Derecho Laboral por la
Escuela Libre de Derecho. Actualmente, es consultora externa en Partners of the Americas y The Ergo.
Ha desempeñado distintos cargos en el servicio público durante 22 años, destacando entre otros
como Coordinadora General de Registro de Contratos Colectivos de Trabajo en el Centro Federal
de Conciliación y Registro Laboral, presidenta de la JLCA de la CDMX y directora general del DIF-DF.
La Reforma Laboral de 2019 representó un punto de inflexión en México con la creación de tribunales laborales independientes, marcando una transformación significativa en la resolución de conflictos laborales. Este cambio reemplazó el litigio en papel por procesos orales más ágiles, con jueces que no sólo escuchan, sino que también indagan y se adentran más allá del conflicto aparente.
Los jueces desempeñan ahora un rol proactivo, enfocándose no sólo en resolver disputas, sino también en identificar problemas subyacentes, como la discriminación por género, que frecuentemente quedaban ocultos en el sistema anterior. La oralidad ha abierto un camino para una justicia más cercana y efectiva.
Funcionando bajo principios pro-operario, es decir, favoreciendo al trabajador en caso de duda en la interpretación de las normas laborales, y bajo la premisa de justicia social, estos tribunales resuelven conflictos en tiempos mucho más cortos en comparación con los prolongados procesos de las antiguas juntas de conciliación y arbitraje. Esta eficiencia representa una renovación vital en un sistema previamente saturado por la demora en las resoluciones.
El verdadero valor de estos tribunales, sin embargo, reside en su impacto social. En un país donde prevalece la desigualdad, estas instituciones van más allá de ser simples mediadores en disputas laborales, para realmente fungir como verdaderos defensores de la justicia para trabajadores, sindicatos y empleadores. Esto es así, porque se aseguran de que todas las voces sean escuchadas y que cada conflicto se resuelva de manera justa, manteniendo un equilibrio entre el trabajo y el capital.
La tarea no es sencilla. La eficacia de los tribunales depende de la continua capacitación de los operadores judiciales, la identificación de buenas prácticas, emisión y la homologación de criterios judiciales coherentes, es por ello que hoy toma gran relevancia el proyecto que arrancó en 2023 The Ergo Group, en colaboración con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), denominado “Hacia tribunales eficaces y justicia laboral coordinada” (TECLAB), apoyado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América. El propósito es lograr una eficiente resolución de casos en los tribunales laborales estatales, abordando la necesidad de una profesionalización integral de los operadores judiciales, desarrollando sistemas y herramientas tecnológicas para administrar nuevos procedimientos y creando sólidas redes entre los tribunales laborales y las autoridades para compartir información y mejores prácticas.
También, el mantener una comunicación efectiva con las autoridades conciliadoras es clave para identificar y superar los obstáculos que impiden la conciliación y propician la judicialización.
Estos últimos aspectos, pueden tener impactos considerables, a través de acuerdos de alcance nacional al seno de órganos colegiados como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y la Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral (CONACENTROS).
De igual manera, queda mucho por hacer para consolidar los registros estadísticos que muestren los resultados de la operación de todo el nuevo Sistema de Justicia Laboral, esto es, desde la etapa de la conciliación en sede administrativa, hasta su paso por los tribunales laborales. Esta información no sólo tiene que generarse y darse a conocer a los tomadores de decisiones, sino hacerse pública para toda la sociedad civil en general, con el fin de que se conozcan las áreas de oportunidad y mejora, y con ello, contribuir a la consolidación de la Reforma Laboral de 2019, porque sin datos e información clave sobre la operación del sistema de justicia, difícilmente se podrá diseñar e implementar políticas política para garantizar su sostenibilidad