Reforma al INFONAVIT provoca rechazo en el sector obrero-patronal, pero ¿de qué trata?

El 12 de diciembre de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la Ley Federal del Trabajo (LFT). La propuesta legislativa fue aprobada por las comisiones dictaminadoras y se sometió a discusión del Pleno del Senado el 13 de diciembre. Durante su aprobación, se presentó una moción suspensiva, aunque no fue admitida, lo mismo que diversas reservas en lo general y particular.

Pese a la oposición de diversas senadoras y senadores, el Decreto referido fue aprobado por 68 votos a favor y 29 en contra, dando paso a su envío a la Cámara de Diputados. Si bien la intención era acordar un periodo extraordinario para aprobar dicho Decreto, se pospuso su discusión para enero de 2025. Incluso, se ha adelantado la intención de realizar un parlamento abierto para analizar y discutir la propuesta de reforma.

Sector sindical y patronal se oponen a la reforma
Desde el 12 de diciembre, las centrales obreras más importantes del país como la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), entre muchas otras, emitieron un desplegado público en los medios de comunicación más importantes del país para manifestar su rechazo a la reforma a la Ley del INFONAVIT y a la LFT. En este desplegado, llaman a las y los legisladores a que respeten el principio de supremacía constitucional considerado en el diseño tripartita del INFONAVIT. Asimismo, buscan que la reforma mantenga en sus líneas la representación paritaria de los sectores que conforman el tripartismo; operar de manera transparente los recursos de las personas derechohabientes y mantener al INFONAVIT bajo las regulaciones hacendarias aplicables.

¿Qué propone la reforma?
■ Reducción de integrantes del INFONAVIT: La Asamblea General del INFONAVIT se integrará por 10 representantes del gobierno, 10 de sindicatos y 10 empleadores. Actualmente, son 15 representantes por sector. Asimismo, el Consejo de Administración se conformará por 12 integrantes, 4 representantes del gobierno, 4 de sindicatos y 4 de empleadores.
Además, se propone la eliminación de las Direcciones Sectoriales, así como la reconfiguración de la Comisión de Vigilancia.
■ Reconfiguración directiva: Se propone eliminar la presidencia rotativa del INFONAVIT, estableciendo un modelo permanente encabezado por el titular de la Dirección General, nombrado por el poder ejecutivo y con mayor poder de decisión mediante el derecho de veto.
■ Ampliación del derecho a la vivienda: Las aportaciones de personas empleadoras a las subcuentas de vivienda serán consideradas patrimonio de las personas trabajadoras y en su conjunto conformarán el Fondo Nacional de la Vivienda.
■ Nuevas funciones del INFONAVIT: Se busca ampliar las funciones del INFONAVIT para incluir la construcción de viviendas, créditos accesibles y arrendamiento social.
■ Creación de empresa filial: Se creará una empresa controlada mayoritariamente por el INFONAVIT para la construcción y planificación de viviendas, en colaboración con entidades públicas y privadas.

Para ello, el nuevo Programa de Vivienda y Regularización plantea construir un millón de viviendas: 500 mil viviendas por parte del INFONAVIT para derechohabientes y 500 mil a cargo de CONAVI para población no derechohabiente.
■ Arrendamiento social: Se busca crear un esquema de arrendamiento social en el que los trabajadores con al menos un año de cotización puedan rentar una vivienda con una mensualidad que no exceda el 30% de su salario. Se trata de vivienda construida o administrada por el INFONAVIT.
■ Criterios de prioridad: Se buscará priorizar la construcción de viviendas en áreas marginadas y se considerará la perspectiva de género en la asignación de viviendas.
■ Mejoras en la cobranza social: Se propone eliminar la capitalización de intereses ordinarios y prohibir la actualización de saldos de los créditos. Se simplificarán los trámites para la cancelación de hipotecas en caso de incapacidad o fallecimiento de la persona trabajadora.
■ Acceso al crédito en caso de desempleo: Las personas trabajadoras podrán seguir accediendo a su crédito en situaciones de incapacidad o desempleo.
■ Transparencia: Con el fin de que el INFONAVIT pueda invertir o destinar sus recursos, ya no estaría bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En su lugar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de emitir las reglas para el manejo de su balance financiero.
■ Fondos: El patrimonio del INFONAVIT y los rendimientos del Fondo Nacional de la Vivienda, una vez descontados los intereses correspondientes a las subcuentas de vivienda, podrán destinarse, previo acuerdo del Consejo de Administración, a financiar proyectos relacionados con la construcción, administración inmobiliaria y arrendamiento social de vivienda. Además, el INFONAVIT, ya sea directamente o a través de su filial, podrá utilizar estos recursos para inversiones en la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos de su propiedad, destinados a satisfacer las necesidades habitacionales de los derechohabientes.

A FAVOR DE LA REFORMA
Carlos Martínez Velázquez, exdirector general del INFONAVIT, expresó su apoyo a la reforma, destacando cuatro puntos clave:

• Uso responsable de los recursos: Martínez explicó que, aunque el INFONAVIT administra cerca de 2.5 billones de pesos, solo una parte está disponible a corto plazo. Aproximadamente 763 mil millones están invertidos a largo plazo, y el resto corresponde a créditos. El INFONAVIT planifica anualmente sus recursos, destinando más de 200 mil millones de pesos a créditos, y parte de esos fondos se utilizarían en la construcción de viviendas, siempre bajo la aprobación de la Asamblea.
• Vigilancia de instituciones externas: El INFONAVIT está bajo la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Congreso. Defendió las auditorías y destacó que la SHCP implementará medidas prudenciales en el manejo de los activos.
• Seguridad en la subcuenta de vivienda: Martínez refutó rumores sobre la posibilidad de que los trabajadores retiren fondos de su subcuenta. Aseguró que los recursos están seguros, generan rendimientos y recomendó que los trabajadores sigan solicitando créditos y retiren sus fondos hasta llegar a la edad de pensión.
• Mantenimiento del tripartismo: Aclaró que la reforma no elimina la participación de los sectores obrero, patronal y gubernamental. Aunque se modifican los órganos de gobierno, el equilibrio entre los sectores se mantiene, y se otorgan nuevas atribuciones al director general, alineándose con el modelo del IMSS.

EN CONTRA DE LA REFORMA
Por su parte, Daira Puga, maestrante en Economía Aplicada en el Tecnológico de Monterrey, con experiencia en evaluación de la política de vivienda nos comparte que si bien, la reforma a la Ley del INFONAVIT está llena de buenas intenciones, en los detalles se esconde lo que puede convertir a este proyecto en un éxito o un gran fracaso. Señala que, ante el pánico, han surgido malinterpretaciones que desvían la atención de los aspectos verdaderamente cuestionables de la reforma: la sostenibilidad financiera del INFONAVIT y su gestión.
Así, la atención centrada en el uso de los ahorros de las personas trabajadoras para construir vivienda no debería ser el tema por debatir, puesto que el patrimonio de INFONAVIT no proviene en su totalidad del ahorro de las personas trabajadoras. Además, actualmente el Instituto ya invierte los ahorros de los trabajadores en un Fondo de Apoyo a las Necesidades de la Vivienda de los Trabajadores (FANVIT) para incrementar la capacidad de ofrecer productos, realizar devoluciones de la subcuenta de vivienda y generar sus propios recursos. Actualmente, esta inversión representa el 30% de los activos del Instituto. Daira resalta que los temas en los que realmente hay que prestar atención son:
■ Estabilidad operativa: La construcción de vivienda requiere una inversión inicial sustancial que debe constituirse con los recursos aprobados para 2024. Además, el retorno de inversión en la construcción de viviendas es lenta (superior a los 12 meses desde el primer desembolso), lo que implica que no habrá ingresos inmediatos. Crear una empresa constructora sin ingresos adicionales podría comprometer los recursos del INFONAVIT, que, de otra manera, podrían ser utilizados para fines más inmediatos, como la gestión de inversiones, el mantenimiento de la plantilla laboral o sus gastos operativos.
■ Largo periodo de retorno de inversión: Al requerir una elevada inversión inicial para la construcción, sumado a los trámites necesarios para que la vivienda pueda ser rentada, el periodo sin generación de ingresos es extenso. En el modelo de arrendamiento, el tope de renta del 30% del salario presenta retos importantes. Además, la recuperación de esta inversión es gradual y sujeta a riesgos de impago. Si esto lo multiplicamos por el medio millón de viviendas, el escenario es más complejo, pudiendo generar periodos más largos sin retorno de inversión.
■ Mantener la independencia y priorizar la sostenibilidad financiera: El aspecto más crítico de la reforma es la modificación en la toma de decisiones del INFONAVIT. La participación tripartita ha sido fundamental para equilibrar los intereses de cada sector y priorizar la eficiencia y factibilidad sobre intereses políticos, sin embargo, a pesar de contemplarse la representación de los sectores patronal y obrero en los órganos del INFONAVIT, sus integrantes han sido reducidos. La designación del director general por la Presidencia de la República, aunado al derecho de veto sobre las resoluciones del Consejo de Administración, abre la puerta para la imposición de intereses gubernamentales sobre decisiones financieras y operativas. ■

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